Derechos

Generation México es una organización sin fines de lucro que vincula a jóvenes talentos con oportunidades de empleo digno, fortaleciendo sus habilidades para enfrentar un mercado laboral competitivo. Desde Igualdad 360 sabemos que construir oportunidades sostenibles para las juventudes no solo implica capacitarles para el mundo laboral, sino también ofrecerles un entorno de aprendizaje seguro, inclusivo y libre de violencia. 

Por eso, durante varios meses acompañamos a Generation en un proceso profundo de transformación institucional. Iniciamos con un diagnóstico con enfoque psicosocial y de género, que nos permitió escuchar al personal, identificar tensiones y detectar áreas de mejora interna relacionadas con el clima laboral, las relaciones interpersonales y las estrategias de liderazgo y gestión organizacional.  

A partir de esos hallazgos, diseñamos un proceso de formación integral para el equipo de trabajo en habilidades clave: comunicación efectiva, liderazgo inclusivo y promoción de espacios laborales seguros. Además, capacitamos y acompañamos la puesta en marcha de su Comité de Atención a Casos de Discriminación, Violencia Laboral y de Género, brindándole herramientas para recibir denuncias, investigar casos y atender a las víctimas con enfoque interseccional y de género. 

Este proceso no fue solo un ejercicio de cumplimiento institucional: fue un acto de coherencia con las juventudes que acompañan. Generation no solo revisó políticas y capacitó equipos; apostó por transformar prácticas cotidianas y estilos de liderazgo. Porque cuando el cambio viene desde dentro, también transforma lo que se proyecta hacia fuera.

En México, muchas niñas, niños y adolescentes llaman al 9-1-1 porque están en peligro. A veces es la única oportunidad que tienen para pedir ayuda y recibir protección. Pero cuando al otro lado de la línea no encuentran escucha, contención o comprensión, esa oportunidad puede desvanecerse. Junto con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), desde Igualdad 360 trabajamos, por más de un año, para que esa llamada no caiga en el vacío. Para que, desde el primer contacto, la respuesta del Estado sea profesional, empática y adaptada a las necesidades reales de las infancias. 

Diseñamos un modelo nacional homologado para la atención integral de llamadas de emergencia, desde un enfoque interseccional de derechos. Ese modelo se tradujo en acción con la elaboración del Protocolo específico para la atención de casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes, adoptado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para su implementación en todo el país. También desarrollamos un curso virtual de formación para operadores y operadoras del 9-1-1, accesible en todo México, y materiales para una campaña informativa dirigida a niñas, niños y adolescentes, para que comprendieran cómo funciona el 9-1-1 y qué pueden esperar al marcar en busca de ayuda.  

Conscientes de que niñas, niños y adolescentes enfrentan formas particulares de violencia y discriminación, cada herramienta fue diseñada con un enfoque adaptado a sus necesidades, sus derechos y sus contextos.  

El trabajo no terminó ahí. Al implementar el Protocolo con personal operador del 9-1-1, se hizo evidente una necesidad urgente: fortalecer también las capacidades del personal policial que acude en respuesta a esas llamadas. Fue entonces cuando volvimos a colaborar con UNICEF, esta vez para diseñar un proceso especializado de formación para las y los policías con herramientas concretas para adaptar sus actuaciones a la edad, desarrollo emocional y cognitivo de las infancias. 

Creamos un programa especializado de formación que dio origen a una Caja de Herramientas práctica y replicable: manuales tanto para formadoras como para personas participantes, y una guía de institucionalización que permite que el proceso no dependa de esfuerzos aislados, sino que se integre en las estructuras institucionales. A través de este trabajo, capacitamos a cientos de personas en seis entidades federativas: operadores y operadoras de la línea de emergencia 9-1-1, policías y personas formadoras que hoy cuentan con herramientas reales para intervenir en situaciones críticas con sensibilidad y responsabilidad. 

Este trabajo no se queda en los documentos: se proyecta en el tiempo. A través de un proceso nacional de formación de personas formadoras, el conocimiento se replicará en cascada en múltiples entidades, asegurando que esta transformación no sea temporal, sino estructural. Porque cada llamada que se atiende con dignidad, cada adolescente, niña o niño que es escuchado, nos acerca a un país donde el acceso a la justicia empiece desde el primer “9-1-1 ¿cuál es tu emergencia?”.

Las evaluaciones van y vienen. Suelen ser vistas como un trámite para cerrar proyectos, medir resultados y rendir cuentas. Enmarcadas en los criterios clásicos de la OCDE, ayudan a responder la gran pregunta: ¿qué tanto logramos lo que nos propusimos? 

Pero cuando se trata de proyectos de cambio social, ¿Cómo medimos lo que realmente importa? ¿Cómo capturamos las transformaciones profundas que no siempre caben en un indicador o en una hoja de cálculo? 

Esa fue la pregunta que nos hicimos al evaluar “Caminos hacia la justicia reproductiva”, un proyecto liderado por Fòs Feminista junto con cinco organizaciones referentes en derechos sexuales y reproductivos en América Latina: Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, Centro de Derechos Reproductivos, Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, y Red de Mujeres AfroLatinas, AfroCaribeñas y de la Diáspora. 

Desde el inicio supimos que los marcos tradicionales no bastaban para entender la magnitud de las luchas por la justicia reproductiva en contextos cada vez más regresivos en la región. Por eso propusimos una evaluación rigurosa, alineada con los criterios de la OCDE, pero con una mirada distinta: feminista, interseccional, decolonial y participativa. 

Queríamos que la evaluación contara la historia de los cambios reales, no solo que sumara números.  

¡Y nos pusimos al 360! Diseñamos un proceso robusto: revisión documental, entrevistas, grupos focales, talleres colaborativos y, sobre todo, una metodología de historias de éxito, que permitió visibilizar impactos como el cambio en la opinión pública sobre el derecho a decidir en Colombia y la transformación de políticas públicas en Tierra del Fuego, en Argentina.  

Esta evaluación nos reafirmó la importancia de este proyecto que apostó por la sostenibilidad fortaleciendo a las organizaciones locales y poniendo a las personas en el centro, reconociendo las voces y las realidades de las mujeres y niñas indígenas, afrodescendientes y rurales. Porque nada sobre ellas, sin ellas. 

Inspiradas por el aroma de un buen café en nuestra visita a Colombia, descubrimos una lección invaluable que hoy es una convicción profunda: para evaluar procesos de cambio social, es esencial escuchar las voces, compartir los saberes, comprender los contextos y construir aprendizajes colectivos, retribuyendo a las organizaciones socias al compartir los hallazgos con ellas. 

En Igualdad 360 creemos en evaluaciones que rinden cuentas, sí, pero que también fortalecen, visibilizan y celebran las transformaciones hacia la igualdad y la justicia.